«La deuda pública es el derecho que se arroga la generación presente de saquear a las generaciones futuras». — Ludwig von Mises, economista austriaco.
En economía, las crisis rara vez son eventos aislados; son procesos acumulativos que, al cruzar cierto umbral, generan un efecto dominó. Lo que observamos hoy en las finanzas públicas de Durango ya no es un simple «estrés de flujo de efectivo», como eufemísticamente se ha querido manejar desde la narrativa oficial. Al cierre de 2025, los datos contables nos obligan a llamar a las cosas por su nombre: estamos frente a un cuadro de insolvencia estructural que ha comenzado a metastatizar, contagiando peligrosamente la hacienda municipal.
El análisis forense de la Balanza de Comprobación del Gobierno del Estado al cierre de noviembre de 2025 es lapidario. En un periodo de 60 días (octubre-noviembre), el Ejecutivo Estatal destinó más de 11,400 millones de pesos exclusivamente al movimiento de Deuda Pública. Para poner esta cifra en perspectiva: se gastó en dos meses casi el equivalente a la nómina de todo un año para pagar, refinanciar o «bicicletear» pasivos bancarios. Mientras tanto, la Inversión Pública apenas recibió migajas (menos de 120 millones en el mismo periodo).
Esta asfixia financiera del Estado es la variable independiente que explica la agresividad de las Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026. Cuando un gobierno pierde su capacidad de maniobra y su gasto operativo está secuestrado por el servicio de la deuda, solo le quedan dos salidas desesperadas: aumentar la recaudación a costa del contribuyente cautivo o contratar más deuda. Durango ha elegido ambas.
La Voracidad Recaudatoria: Síntoma, no Solución
Las Leyes de Ingresos 2026, tanto del Estado como del Municipio de Durango, se han tornado agresivas no por una política de eficiencia administrativa, sino por necesidad de supervivencia. El incremento en derechos, impuestos y contribuciones no obedece a una forma inteligente ni calculada para mejorar la recaudación a largo plazo ni a una mejora en los servicios públicos; obedece al pánico por obtener liquidez.
El Estado, incapaz de generar inversión propia, transfiere el costo de su ineficiencia a la ciudadanía y a los sectores productivos. Pero lo más alarmante no es el comportamiento del Estado —cuyo diagnóstico ya era reservado—, sino el mimetismo financiero que ha adoptado el Municipio de Durango.
El Municipio de Durango: Siguiendo los Pasos al Abismo
Aquí radica el mayor riesgo para la estabilidad regional en 2026. Históricamente, cuando el Estado entra en crisis, el Municipio debería funcionar como un contrapeso de estabilidad. Sin embargo, la administración municipal ha decidido replicar el modelo de fragilidad estatal.
La aprobación de una nueva línea de deuda por 230 millones de pesos para el Municipio de Durango en el ejercicio 2026 es una señal de alerta roja que ha pasado semidesapercibida bajo la cortina de humo de la discusión sobre el Impuesto Predial. Si bien el aumento al predial es impopular, el endeudamiento es estructuralmente letal.
¿Por qué un municipio solicita deuda por 230 millones de pesos en un entorno de tasas de interés altas y con una economía local estancada? La presunción técnica es clara: el Municipio está comprometiendo flujos futuros para cubrir gasto presente, bajo la falacia de que podrá pagar con participaciones federales o estatales que, dada la situación del Estado, no están garantizadas en tiempo y forma.
El Riesgo de Desestabilización Financiera
Estamos construyendo una tormenta perfecta para 2026. La «Presunción de Desestabilización» se basa en tres vectores económicos irrefutables:
- Dependencia de una Fuente Agotada: Las finanzas municipales dependen en gran medida de las transferencias (Participaciones). Si el Gobierno del Estado continúa priorizando el pago de su propia deuda bancaria por encima de sus obligaciones con los municipios (como sugieren los datos de noviembre), el Municipio de Durango sufrirá recortes líquidos.
- Apalancamiento sin Inversión: Endeudarse por 230 millones sin un proyecto de retorno de inversión claro (infraestructura productiva) es meramente patear el problema hacia adelante. Ese dinero servirá para tapar huecos operativos momentáneos, pero generará una carga de servicio de deuda que restará margen de maniobra al siguiente cabildo.
- Saturación del Contribuyente: Al empujar leyes de ingresos agresivas simultáneamente en Estado y Municipio, se corre el riesgo de contraer aún más la economía local, incentivando la informalidad y la evasión, lo que paradójicamente podría resultar en una recaudación real menor a la proyectada.
Colofón
Durango nos queda a deber en transparencia, pero sobre todo en responsabilidad intergeneracional. La realidad contable mata el relato político. No estamos ante un «paquete económico responsable», estamos ante un presupuesto de guerra diseñado para administrar la quiebra.
La autorización de deuda municipal por 230 millones no es un logro de gestión; es la confesión tácita de que los ingresos ordinarios ya no alcanzan para sostener el gasto corriente. Si no se aplica una reingeniería radical del gasto público —recortando la grasa burocrática y renegociando pasivos con quitas reales, no solo plazos—, el 2026 no será el año de la consolidación, sino el año en que la crisis fiscal del Estado terminó por devorar también la estabilidad del Municipio.
Leonardo Álvarez / [email protected]
