«El principio de gastar dinero para que lo paguen las generaciones futuras, bajo el nombre de deuda, no es más que una estafa al futuro a gran escala».
— Thomas Jefferson
La advertencia de Jefferson, escrita hace más de dos siglos, recobra una vigencia alarmante al abrir los folios del Balance Contable de Durango al cierre de 2025. No se trata de una interpretación política, sino de una realidad aritmética: cuando el 18.5% del presupuesto estatal se destina exclusivamente a administrar la deuda pública (Capítulo 9000), el gobierno deja de ser un motor de desarrollo para convertirse en un gestor de pasivos. Estamos, en efecto, ante un cierre contable que confirma cómo el ayer sigue devorando los recursos del mañana.
El cierre contable de 2025 en Durango no solo nos entrega números; nos arroja una radiografía cruda de nuestra realidad financiera. El estado padece una esclerosis presupuestal donde la operatividad burocrática y el servicio de la deuda han asfixiado por completo la capacidad de transformación productiva.
Con un gasto total de 59,651 millones de pesos, la estructura de nuestro presupuesto revela una dependencia alarmante. El 82.7% de cada peso que entra a las arcas estatales ya tiene un destino inamovible antes de ser ejecutado: la nómina (33.1%), las transferencias y subsidios (31.1%) y el pago de deuda pública (18.5%).
Lo más grave no es lo que se gasta, sino lo que se deja de hacer. Mientras el Capítulo 1000 (Servicios Personales) devoró más de 19,700 millones de pesos, la Inversión Pública (Capítulo 6000) apenas alcanzó los 716.5 millones.
Durango gasta 27 veces más en pagar sueldos que en construir infraestructura. En términos reales, la inversión pública representó un marginal 1.2% del gasto total anual. Con estos porcentajes, cualquier discurso de «desarrollo industrial» choca frontalmente con la pared de la contabilidad oficial.
Diciembre, como es costumbre, fue el mes de la presión máxima. Solo en este periodo se ejerció el 15.3% del presupuesto anual, impulsado por una nómina que se disparó a más de 5,000 millones de pesos por obligaciones de fin de año. Esta estacionalidad confirma que el estado vive al límite de su liquidez, operando bajo un modelo de «supervivencia administrativa».
¿Hacia dónde vamos? Propuestas para una Reingeniería Fiscal
No basta con el diagnóstico; urge una ruta de salida. Para romper esta inercia de consumo sin retorno, propongo cuatro rutas de acción técnica:
- Reingeniería Administrativa Profunda: No se trata solo de austeridad cosmética, sino de una compactación real de estructuras orgánicas para reducir el peso del Capítulo 1000 sin afectar la operatividad esencial.
- APP y Esquemas de Inversión Alternativa: Ante el raquítico 1.2% de inversión pública directa, el estado debe migrar hacia modelos de Asociaciones Público-Privadas y fideicomisos de infraestructura que permitan detonar obra sin presionar el gasto corriente.
- Refinanciamiento Estratégico de Pasivos: Con un Capítulo 9000 que absorbe el 18.5% del presupuesto, es imperativo buscar mejores condiciones de tasa y plazo que liberen flujo de efectivo inmediato para proyectos de capital.
- Fiscalización del Capítulo 4000: Es urgente auditar el destino de los más de 18,500 millones de pesos en transferencias y subsidios. Cada peso transferido debe tener un indicador de retorno social o económico verificable. La razón fundamental es que ese presupuesto se ejerce por organismo autónomos, descentralizados y/o paraestatales en su mayoría.
El análisis es claro: Si no movemos el presupuesto de la burocracia hacia la inversión, Durango seguirá siendo un estado que paga deudas y nóminas, pero que no construye futuro. Los datos no mienten; la política económica, para ser seria, debe empezar por los asientos contables.
Leonardo Álvarez / [email protected]
