Claudia Sheinbaum ya es la primera Presidenta de México y comienza su administración con un enorme caudal de pendientes, políticas por modificar, objetivos que corregir.
El tema prioritario es la seguridad. La presidenta Sheinbaum encontrará un país en una situación delicadísima de seguridad y el nuevo gobierno ha establecido un plan de cien días con sus objetivos prioritarios, donde se buscará disminuir el número de homicidios dolosos y delitos de alto impacto. En ese sentido se plantea la neutralización de los generadores de violencia y la eliminación de redes criminales, con el acento puesto en el tráfico de drogas, pero sobre todo de fentanilo, de armas de fuego y el combate al lavado de dinero de los grupos criminales (una tarea hoy inexplicablemente casi abandonada).
En estos primeros cien días, el gabinete de seguridad del nuevo gobierno quiere fortalecer la seguridad y la inteligencia, además del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Habrá atención prioritaria para Chiapas, donde se ha perdido el control de parte de la frontera sur del país, para Sinaloa y para Michoacán, además de diez municipios considerados como los principales generadores de violencia: Colima (el de mayor incidencia criminal en el país); Tijuana, Acapulco, Celaya, Cajeme, Ciudad Juárez, Tlajomulco de Zúñiga, Chihuahua, León y Benito Juárez (donde se localiza Cancún) en Quintana Roo. En lo inmediato, el llamado modelo unificado de atención prioritaria se centrará en seis: Tijuana, León, Celaya, Acapulco, Benito Juárez y Colima. En Michoacán, la atención estará puesta sobre todo en Nueva Italia, Antúnez, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán. En Chiapas, en 12 municipios: Tapachula, Suchiate, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Pantelhó, Villa de Corzo, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Ocozocoautla de Espinosa y Palenque.
Se plantea, desde hoy mismo, una fuerte coordinación integral con presencia del gabinete de seguridad en los lugares de alta incidencia delictiva, la aprobación por parte del propio gabinete de seguridad pública de todos los secretarios de seguridad estatales y la creación de un gabinete alterno de seguridad donde participen instituciones como la UIF, la procuraduría fiscal, Pemex logística y el SAT, entre otras.
Se privilegiarán las labores de inteligencia e investigación con la consolidación del sistema nacional de inteligencia y el fortalecimiento del CNI, incrementando las capacidades humanas y tecnológicas para los protocolos de intercambio de información entre las diversas instancias de inteligencia y el propio CNI, buscando, además, que los productos de la inteligencia se puedan incorporar a las carpetas de investigación. Habrá una subsecretaría de Inteligencia e Investigación policial en la SSPC y un área especializada de inteligencia en los reclusorios.
Con las reformas a la Guardia Nacional, uno de sus objetivos será tener 32 unidades de la GN en los estados, como fuerzas homologadas a la federal, lo que se acompañará de una estrategia para el desarrollo de 32 policías, 32 fiscalías y 32 sistemas penitenciarios también homologados, con metas estandarizadas para cada uno de los estados.
