«El año que es abundante de poesía y fiestas, suele ser hambriento de pan.»
— Francisco de Quevedo, escritor del Siglo de Oro.
Nos siguen vendiendo la ilusión de un Durango «gigante», una narrativa oficial que contrasta dolorosamente con la realidad de los bolsillos ciudadanos y con indicadores económicos que, como nunca antes, se tiñen de números rojos. Pero detrás de la fastuosa propaganda no hay desarrollo; lo que hay es una maquinaria perfectamente aceitada para la opacidad y el desfalco al erario. Mientras la economía real del estado agoniza, el presupuesto público se entrega a la discrecionalidad y el beneficio de unos cuantos.
La evidencia es contundente y se esconde a plena vista en las cifras de la propia Hacienda Pública para este 2026. Casi la mitad de todo el dinero de los duranguenses —el 47%, equivalente a la estratosférica suma de 24,151 millones de pesos— se ejerce a través de Organismos Descentralizados y Paraestatales (Lámina 11). Como bien se advierte en los análisis presupuestales, estas entidades se han convertido en una auténtica «caja de Pandora». Son el agujero negro del gasto público: estructuras diseñadas para evadir el escrutinio, facilitar la adjudicación directa y permitir el uso discrecional de los recursos, justo en una época donde la obra pública real y de impacto brilla por su ausencia.
Para muestra, el sector Turismo (Lámina 16). Bajo el cobijo de estos esquemas descentralizados y fideicomisos que operan en la sombra, se autorizaron 22 millones de pesos para «Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos» y 9 millones de pesos más para la carrera «Titán Desert». ¿Quién controla ese dinero? ¿Quiénes se benefician realmente de estos eventos masivos mientras las necesidades más básicas de salud, educación e infraestructura en el estado se quedan en el olvido?
La respuesta empieza a emerger gracias a las investigaciones periodísticas y a las denuncias de la oposición en el Cabildo. El reciente escándalo del Festival Ricardo Castro 2026 —rebautizado justificadamente por la ciudadanía como el «Ricardazo»— ha puesto nombre, apellido y filiación política al intermediario de esta red: Edgar Omar Rodríguez Ramos. Este empresario, ligado estrechamente a la cúpula del PRI y el PAN (e incluso ex candidato de esa coalición a la alcaldía de Pueblo Nuevo en 2025), aparece como el hilo conductor que une los grandes contratos de espectáculos del Municipio con los de la Feria Nacional Villista.
El modus operandi denunciado es un insulto a la inteligencia de los duranguenses: una simulación que sangra las finanzas públicas. Mientras que la contratación directa de los artistas para el festival habría costado alrededor de 3.3 millones de pesos, el contrato entregado a este intermediario infló el costo total hasta los 8 millones 584 mil pesos. Estamos hablando de un presunto sobrecosto de más de 5.2 millones de pesos por solo cuatro espectáculos. Ese es el tamaño del descaro. Si multiplicamos esta fórmula de intermediación inflada por cada feria, cada show masivo y cada fideicomiso que opera bajo las sombras de la descentralización presupuestal, el boquete financiero es incalculable.
Estamos ante una práctica dolosa, cómplice y abiertamente de desfalco. Quienes hoy administran el estado y el municipio operan bajo la misma dinámica de compadrazgo: enriquecer a intermediarios comunes a costa de una sociedad empobrecida. No se puede construir un «gigante» con pies de barro y manos largas.
Por ello, este no es un desglose técnico más; es un llamado urgente a la acción ante una situación extraordinaria de cinismo político:
- A la ciudadanía: A no dejarse cegar por las luces de festivales caros que pagamos tres veces por encima de su valor real, mientras nuestras calles y economías locales se caen a pedazos.
- A los empresarios locales: A levantar la voz contra la competencia desleal y la asignación cupular de contratos que siempre beneficia a los mismos intermediarios de la política, asfixiando el verdadero talento y comercio duranguense.
- A la sociedad civil organizada: A exigir auditorías forenses e independientes en tiempo real, forzando la apertura total de esa «caja de Pandora» que representa el 47% del presupuesto estatal en manos de los descentralizados.
- A los medios de comunicación: A mantener la mirada fija en el rastro del dinero, a no claudicar ante la pauta oficial y a seguir desenterrando los hilos de complicidad que unen al funcionariado actual con los saqueadores del erario.
Durango ya no soporta más simulaciones. No podemos permitir que nos sigan recitando discursos colosales mientras sufrimos el comportamiento de enanos ladrones. Es hora de reaccionar, documentar y exigir consecuencias penales y administrativas para quienes pretenden normalizar el desvalijamiento de nuestro estado.
Leonardo Álvarez / [email protected]
