«El presupuesto no es solo una colección de números, sino una expresión de nuestros valores y nuestras aspiraciones.» — Jack Lew (Exsecretario del Tesoro de EE. UU.).
En la política fiscal y presupuestaria, lo que no está en los números, es demagogia. Y en el Presupuesto de Egresos de Durango para el Ejercicio Fiscal 2026, los números cuentan una historia muy diferente a la que se pregona desde los micrófonos del Bicentenario.
Mientras la ciudadanía y la comunidad médica enfrentan la trinchera diaria de la escasez —hospitales sin insumos, farmacias vacías y una infraestructura que cruje—, el Gobierno del Estado, encabezado por Esteban Villegas Villarreal, ha construido una narrativa de victimización financiera: «La Federación nos recortó 1,600 millones de pesos». Esta afirmación, repetida hasta la saciedad, es una verdad a medias que esconde una mentira completa.
El análisis técnico de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2026 revela que no estamos ante un despojo injustificado, sino ante las consecuencias de una decisión política deliberada: la negativa del Estado a adherirse al modelo IMSS-Bienestar. Una decisión que, lejos de defender la soberanía estatal, parece diseñada para proteger la última gran «caja chica» de la discrecionalidad: el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
Para entender la gravedad de lo que ocurre en Durango, debemos dejar de politizar el dolor de los pacientes y empezar a fiscalizar las decisiones de los gobernantes. Aquí no hay víctimas, hay responsables.
El mito de los 1,600 millones y la realidad del Ramo 12
Vayamos a los datos duros. Es cierto que en el comparativo de ingresos federales, el rubro de convenios (Ramo 12 Salud) aparece en $0 pesos para 2026. También es cierto que programas como el AFASPE sufrieron reducciones drásticas. Sin embargo, llamar a esto un «recorte» es un acto de ilusionismo contable.
Ese dinero no desapareció del mapa nacional; simplemente cambió de ventanilla. La Federación, en su reingeniería del sistema de salud, centralizó esos recursos en el organismo público descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar para la compra consolidada de medicamentos, contratación de médicos y mejora de infraestructura.
La ecuación es simple: si un Estado firma el convenio de federalización, la Federación asume la nómina y el abasto, inyectando esos recursos directamente en especie y servicio. Si el Estado se niega a firmar —como es el caso de Durango—, esos recursos adicionales ya no bajan a las cuentas estatales.
El Gobierno de Durango, al aferrarse a la administración estatal de la salud, renunció de facto a esa bolsa federal. No fue un robo; fue un costo de oportunidad. La administración de Villegas eligió gestionar la escasez con recursos propios antes que ceder el control administrativo.
Para 2026, el presupuesto total del sector salud en Durango es de $4,424,840,222 pesos. De estos, $3,075,432,282 pesos provienen del FASSA (Ramo 33), un recurso etiquetado federal que sigue llegando y que el Estado administra. Para compensar lo que dejó de recibir por su negativa al IMSS-Bienestar, el Estado tuvo que inyectar $843,378,500 pesos de Recursos Propios (ingresos de libre disposición).
La pregunta que la sociedad debe hacerse es: ¿Por qué el Gobernador prefiere gastar 843 millones de los impuestos de los duranguenses para sostener un sistema estatal precario, en lugar de adherirse a un modelo que liberaría esa presión financiera?
La «Caja Negra» y el fantasma de la Reforma Educativa de EPN
La historia es cíclica y la memoria política, corta. Lo que hoy vemos en Salud es una repetición exacta de lo que ocurrió con el sistema educativo en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Recordemos el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). Durante años, los gobernadores utilizaron la nómina magisterial como una herramienta de control político y electoral. Había «aviadores», comisionados sindicales pagados con dinero público y desvíos multimillonarios. La Federación, harta de la corrupción y el desorden administrativo en los estados, decidió centralizar la nómina creando el FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo).
En aquel entonces, los gobernadores (muchos del PRI, el mismo partido que hoy gobierna Durango en alianza) gritaron que se violaba su soberanía. La realidad es que se les quitó la chequera porque demostraron ser incapaces de administrarla con honestidad.
Hoy, la 4T aplica la misma lógica —aunque con distinta bandera ideológica— al sector Salud. El paso del FASSA y el Seguro Popular hacia el IMSS-Bienestar obedece a la misma premisa: los Estados han manejado los recursos de salud con opacidad, sobreprecios en medicamentos y nóminas infladas con personal administrativo no médico.
Al negarse a la transición, el Gobierno de Durango no está defendiendo la «calidad» de sus servicios —que es a todas luces deficiente—; está defendiendo la discrecionalidad.
El FASSA es uno de los pocos fondos federales que, aunque etiquetado, permite un margen de maniobra operativa jugoso para las estructuras estatales. Mantener el control de la Secretaría de Salud (SSD) significa mantener el control de las licitaciones de medicamentos, los servicios de limpieza, seguridad, alimentación hospitalaria y, sobre todo, la contratación de personal eventual.
En un año preelectoral o electoral, tener el control de miles de plazas eventuales y contratos de servicios es un activo político invaluable. Ceder la salud al IMSS-Bienestar implicaría perder ese poder. Por eso se prefiere la asfixia financiera y culpar a la Federación, antes que soltar el presupuesto.
«Rutas de la Salud»: ¿Política sanitaria o propaganda rodante?
En este escenario de resistencia, el Gobierno del Estado ha lanzado su programa insignia: las «Rutas de la Salud», con una inversión etiquetada de $180,000,000 pesos para 2026.
Técnicamente, este programa sustituye a las antiguas Caravanas de la Salud federales. Se nos vende como una solución heroica para llevar hospitales rodantes a las comunidades más alejadas. Sin embargo, bajo la lupa analítica, surgen cuestionamientos severos.
Primero, la eficiencia del gasto. ¿Es sostenible gastar 180 millones en unidades móviles que ofrecen servicios intermitentes, mientras los Centros de Salud rurales carecen de médicos y medicinas de forma permanente? Las Rutas de la Salud son vistosas, fotogénicas y perfectas para la narrativa de «cercanía», pero no resuelven el problema estructural de la atención primaria. Son un «curita» mediático sobre una hemorragia sistémica.
Segundo, la intromisión del DIF Estatal. El presupuesto asigna al DIF una bolsa de $792,268,871 pesos. Si bien el DIF tiene funciones de asistencia social, su protagonismo en la operación de las Rutas de la Salud desdibuja las fronteras entre la política sanitaria (responsabilidad de la SSD) y la política asistencialista-electoral.
Históricamente, el DIF ha sido el brazo amable de la política, pero también una herramienta de promoción personal y partidista. Que la salud de las comunidades marginadas dependa de caravanas rotuladas con logotipos de la administración actual, gestionadas con una fuerte impronta del DIF, levanta sospechas sobre el uso electoral de la necesidad médica. No es casualidad que se priorice un programa de alta visibilidad en territorio sobre el abasto silencioso pero vital de los hospitales generales.
Opacidad y altos indicios de corrupción
La negativa a adherirse al IMSS-Bienestar se vuelve más sospechosa cuando analizamos los indicadores de transparencia. El sector salud estatal ha sido señalado recurrentemente por anomalías en la adquisición de medicamentos y servicios subrogados.
Al mantener el control estatal, las licitaciones se quedan en casa. Si Durango se sumara a la compra consolidada federal del IMSS-Bienestar, se perdería la capacidad de decidir a qué proveedores locales (o amigos) se les compran los insumos.
La narrativa oficial es que el IMSS-Bienestar tiene «pésima calidad» y que Durango tiene un sistema «mejor». Esta soberbia discursiva choca frontalmente con la realidad de los hospitales en la capital y La Laguna, donde los pacientes deben comprar desde las jeringas hasta el paracetamol. ¿De qué «calidad superior» habla el Ejecutivo estatal?
Rechazar un modelo federal que inyectaría miles de millones en infraestructura y basificación de personal, basándose en un orgullo regionalista malentendido, es una irresponsabilidad. Pero hacerlo mientras se mantienen esquemas de contratación opacos y se destinan 843 millones de recursos propios —que podrían ir a seguridad, agua o infraestructura— para tapar los huecos de esa necedad, roza en la negligencia administrativa.
El premio de consolación: Hospital de Santiago Papasquiaro
Para mitigar el golpe político y financiero, la administración estatal presume la gestión de $400,000,000 pesos para el equipamiento del Hospital de Santiago Papasquiaro.
Este recurso se presenta como un triunfo de la gestión del Gobernador. Sin embargo, técnicamente es un «premio de consolación» o un mecanismo de compensación política. La Federación, al no poder transferir recursos por Ramo 12, acuerda esta inversión vía gestión conjunta para evitar el colapso total del sistema estatal.
Pero ojo: el equipamiento (CAPEX) es una inversión de una sola vez. La operación diaria (OPEX) —nómina, luz, agua, insumos— de ese nuevo hospital correrá a cargo del Estado. Al abrir un nuevo hospital sin tener garantizado el flujo operativo federal del IMSS-Bienestar, Durango se está poniendo una soga financiera al cuello aún más apretada para los años venideros.
Colofón: La salud como rehén político
El Presupuesto 2026 de Durango no es un «presupuesto histórico» ni un «parteaguas» como lo califican los diputados afines. Es un presupuesto de resistencia y supervivencia.
El Estado está gastando dinero que no le sobra (recursos propios) para mantener el control de un sistema que no puede financiar, solo para evitar la fiscalización federal y la pérdida de control político que implica el IMSS-Bienestar.
Al igual que sucedió con la Reforma Educativa de Peña Nieto, la centralización es inevitable porque el modelo descentralizado fracasó en manos de los gobernadores, convirtiéndose en un nido de corrupción e ineficiencia. Durango puede resistirse uno o dos años más, quemando sus ingresos propios y culpando a la Federación, pero el costo lo pagará la ciudadanía con su salud.
La comunidad médica, que sigue esperando basificaciones y mejores condiciones, y la sociedad, que sigue pagando de su bolsillo lo que el Estado debería proveer, deben entender que la crisis actual no es solo por falta de dinero federal. Es porque el Gobierno de Durango ha decidido que su autonomía política y el manejo discrecional de la chequera valen más que la calidad de los servicios de salud.
Estamos ante una autopsia presupuestal donde la causa de muerte no es el recorte, sino la obstinación política.
Leonardo Álvarez / [email protected]
